Por Marcelo Gallo * (nota publicada en Página 12)
La persistencia, desde el comienzo mismo de nuestra historia, de políticas que favorecieron el desarrollo de algunas regiones en desmedro del resto del país y la concentración de la riqueza en pocas manos por una desigual distribución de la renta agraria, fue modelando un país con graves distorsiones en el desarrollo. La misma lógica puede aplicarse en el terreno de la comunicación masiva durante las últimas décadas, lo cual no debe extrañar en tanto los medios son empresas privadas que operan en el mercado y tienen como fin principal maximizar su rentabilidad. De modo que la ausencia de federalismo en las políticas económicas tiene su correlato en materia de medios, desarrollo de las industrias culturales y en el despliegue territorial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
La situación así planteada tiene una variable económica y otra cultural. La primera se manifiesta en el incremento sostenido de la brecha digital, tanto desde el punto de vista social como regional; en la desigualdad de recursos para el desarrollo de las industrias culturales, y en la consolidación de grupos de medios de comunicación hegemónicos con cabecera en las inmediaciones del puerto de Buenos Aires, en detrimento de los medios del interior, que sobreviven como pueden en condiciones desventajosas o terminan siendo apenas una filial local de los grupos de medios.
La variable cultural se vincula con la visión de país resultante de dicho proceso de concentración. Una visión sesgada por el lugar desde el cual se producen los relatos nacionales, que terminan configurando un enfoque del interior en el cual no nos reconocemos o, lo que es peor, imponiendo la perspectiva porteña como si fuera la del país todo.
Refiriéndose a las eventuales repercusiones de las elecciones legislativas, Santiago Rossi, director ejecutivo de Ipsos-Mora y Araujo, sostuvo que “históricamente, debido al accionar de los medios televisivos, lo que pasa en La Boca o en Villa Soldati tiene impacto en Abra Pampa, provincia de Jujuy (...) influye en las agendas temáticas de los medios provinciales de todo el país”. Del mismo modo, leemos continuamente presentaciones de encuestas tituladas, por ejemplo, “La inseguridad es el principal problema de los argentinos”. Pero resulta que la ficha técnica nos revela que los encuestados pertenecen en todos los casos a Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Será la inseguridad el principal problema para el peón rural de Abra Pampa?
Casi todas las encuestas publicadas por los medios “nacionales” se refieren a la opinión de “los argentinos” sobre distintos temas, pese a que difícilmente los encuestadores se alejen a más de 30 o 40 kilómetros del Obelisco.
Durante el conflicto con el campo, los medios porteños replicaron hasta el cansancio que la oposición patronal a la política de retenciones móviles era una expresión del federalismo, y sus protagonistas estandartes de una lucha heroica contra el poder central. Ignoraban así al más genuino interior profundo y extrapampeano, al que el modelo agroexportador –del que siempre fueron socios la Pampa Húmeda y los gobiernos centrales– empujó históricamente a la marginalidad.
La voluntad oficial de impulsar el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual constituye un avance en lo concerniente a la corrección de las inequidades existentes en materia de medios. Resulta imprescindible la intervención del Estado nacional para garantizar la equidad social y regional en la propiedad y producción de los contenidos de los medios masivos de comunicación. Pero el intento resulta insuficiente si no se modifican condiciones estructurales del modelo económico argentino. No puede ser viable la democratización y federalización de la comunicación si no se generan políticas estratégicas tendientes a una distribución equitativa de la renta fiscal y de la inversión pública en todo el territorio nacional.
La corrección de las asimetrías existentes debe apuntar al cumplimiento efectivo del artículo 75 inc. 2 de la Constitución reformada en 1994, que establece que la distribución de los recursos federales “debe ser equitativa, solidaria y dar prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el país”.
Por eso el debate en torno del paradigma de comunicación no puede de ningún modo desvincularse de la discusión sobre el modelo de país al que aspiramos. En ambos casos, resulta conveniente tomar conciencia de que la perspectiva de análisis debe ser integral, y de ninguna manera reducida a la particular cosmovisión de los vecinos de Palermo, La Boca o Villa Soldati.
* Periodista. Centro de Comunicación de Catamarca.
